Inversión pública | La crisis de precios torpedea las licitaciones

Noticia publicada en el periódico EL DÍA de Santa Cruz de Tenerife

La inflación frena 243 obras por 126 millones en el último año y medio

Solo en lo que va de 2024 han quedado desiertos contratos públicos valorados en casi 31 millones de euros

La patronal ve en riesgo los fondos europeos

El coronel de Gabriel García Márquez no tenía quien le escribiera, y la obra pública no tiene quien la ejecute. La ola inflacionaria que se gestó a comienzos de 2021, con el consecuente encarecimiento de los materiales de construcción –granito, mármol, caliza, pizarra, arenisca, yeso, cemento…–, desembocó en un extraordinario aumento del número de licitaciones desiertas. Es decir, de esos contratos que la Administración pública –Gobiernos estatal y autonómico, cabildos, ayuntamientos y todo su entramado de entidades vinculadas o dependientes– saca a concurso o subasta sin que ni una sola empresa se interese o puje por ellos. Algo lógico cuando los precios de los materiales de obra se han disparado pero los contratos públicos se ofertan como si la crisis inflacionaria no existiese. Y lo cierto, pese a que las patronales de la construcción llevan ya años insistiendo sobre la necesidad de que la Administración actualice los precios en sus licitaciones, es que el desfase entre lo que ofrece la institución de turno y la realidad del mercado sigue sin corregirse. Para muestra, un botón: en el último año y medio, exactamente entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2024, hasta 243 contratos han quedado desiertos en Canarias, lo que supone que otras tantas obras de todo tipo –carreteras, pluviales, reformas en centros e instalaciones públicas, rehabilitación de mobiliario urbano…– han sufrido retrasos. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor, los trabajos aún no han podido iniciarse, que es lo que mayoritariamente ocurre.

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife lleva un esmerado seguimiento de todos esos contratos públicos que no salen adelante por falta de interés de las empresas. ¿Qué firma o negocio se prestaría a ejecutar una obra cuando ni siquiera tiene garantizado un mínimo beneficio? Es más, cuando incluso podría acarrearle pérdidas. Pues bien, según la estadística de Fepeco –que tras más de tres años de crisis inflacionaria ha acabado por improvisar una auténtica base de datos con todos los contratos desiertos en las Islas–, esas 243 licitaciones frustradas ascienden a la friolera de 126,5 millones de euros. Eso, cabe insistir, en el último año y medio. Si solo se pone la lupa sobre las cifras de 2024 –del 1 de enero al 30 de junio–, resulta que en el actual ejercicio ya van 57 contratos por los que no se ha interesado ni una sola empresa, contratos valorados en 30,8 millones.

Para hacerse una idea de hasta qué punto se ha incrementado el número de licitaciones que pasan sin pena ni gloria basta con echar un vistazo a lo que ocurría antes de la crisis de precios. En 2019 –2020 ha terminado por ser un año sin relevancia estadística, ya que la pandemia también ralentizó la maquinaria administrativa–, se contabilizó en la Comunidad Autónoma un total de 38 contratos desiertos. 38 por un montante de solo 13,8 millones de euros. Así que en los seis primeros meses de 2024 ya han fracasado por falta de interés de las empresas hasta 19 licitaciones más que en los doce meses del último ejercicio precrisis. Y no solo eso, sino que los 57 contratos desiertos de enero a junio de este año suman los mencionados 30,8 millones, más del doble de la cuantía contabilizada en todo 2019.

Hay que subrayar, eso sí, que este aluvión de licitaciones que no despiertan interés alguno entre las constructoras no es en absoluto achacable a las empresas. De hecho, tanto Fepeco como su gemela de la provincia de Las Palmas, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), no se han cansado de insistir una y otra vez sobre los perjuicios que el desfase de los precios le está acarreando al sector y, lo que es más importante, también a la sociedad. No en vano, que un contrato quede desierto conlleva que el comienzo de la obra se retrase. Se retrasará más o menos tiempo, pero se retrasará, lo que a su vez implica que esos vecinos que llevan meses esperando a que se asfalte su calle tengan que esperar aún más; que la renovación del techo del colegio de esta o aquella localidad no pueda terminarse antes de que arranque el nuevo curso escolar; o que la mejora de las canalizaciones y redes pluviales del barrio equis no se finalice en julio, sino tres, cuatro, cinco o seis meses más tarde de lo previsto.

Es lo que pasará, en mayor o menor medida, con esas 57 licitaciones públicas que en el primer semestre de 2024 no han encontrado ninguna firma licitante. Entre ellas figuran, por ejemplo, los trabajos para el acondicionamiento y reforma del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gran Tarajal, en el municipio majorero de Tuineje, que el Gobierno de Canarias sacó a concurso público con un presupuesto de 515.732,67 euros y que ninguna empresa se ha ofrecido a ejecutar; el proyecto para una instalación contraincendios en el helipuerto de emergencias de Artenara, que el Cabildo de Gran Canaria licitó por 142.610,71 euros sin dar con nadie que se hiciese cargo; o la rehabilitación exterior de la residencia geriátrica Nuestra Señora de la Luz, en Los Silos, en Tenerife, cuyo Ayuntamiento ofertó con un presupuesto de ejecución de 229.792,73 euros sin que a ese precio llamase la atención de ninguna firma.

Desde la patronal explican que la solución a este problema es tan sencilla como conocida por la Administración: actualizar los precios. «Sacan proyectos con unos costes que no son reales, inferiores a los de mercado, principalmente proyectos antiguos que no se actualizan antes de llevarlos a licitación pública», ahonda el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, que puntualiza que ya no se trata de que el beneficio potencial para la empresa adjudicataria se reduzca un 2, un 3 o un 5%, sino de que es sencillamente imposible ejecutar el encargo sin sufrir pérdidas.

Para hacerse una idea de la diferencia entre los precios que presupuesta la Administración y los que rigen en el mercado basta con apuntar que cuando la diferencia está por debajo del 8%, siempre hay alguna empresa que se lía la manta a la cabeza, se aprieta el cinturón y se decide a pujar por el contrato público. Sin embargo, esa diferencia oscila en la actualidad entre el 8 y el 10%, «o más», con lo que «no hablamos de un poco», precisa el representante de Fepeco. «Hablamos, por ejemplo, de que a una obra de un millón de euros le faltan 100.000 euros e incluso más, y como es lógico, esto resulta inasumible para una empresa», enfatiza Izquierdo.

También hay que tener en cuenta que parte de estas licitaciones desiertas se sufraga –o debería sufragarse– con fondos extraordinarios europeos, un dinero que «se pone en riesgo», añadió el dirigente de Fepeco. Los trabajos, acciones y políticas públicas que se costean con los recursos del NextGenerationEU están sujetos a un estricto calendario que, de incumplirse, obligará a devolver el dinero no movilizado. Y resulta que alrededor de siete de cada diez euros de estos fondos comunitarios se canalizan, directa o indirectamente, a través del sector de la construcción. «Las empresas requieren estabilidad y certidumbre para que no se desperdicien los fondos europeos; esperamos que los sobrecostes que sufrimos se compensen con una revisión de precios conforme a lo que marca el mercado», apunta Izquierdo.

«Es imprescindible actualizar los proyectos para evitar que se liciten contratos que quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de Canarias, y también para evitar una oleada de concursos de acreedores y de disoluciones de empresas constructoras», argumenta el representante de la patronal. En la práctica, la solución pasa por modificar la Ley de contratos del sector público y por incluir un sistema para ajustar los precios de las licitaciones a las circunstancias que rijan en cada momento, sobre todo ante situaciones extraordinarias como la deparada por la elevadísima inflación.

Más encargos a las empresas públicas
¿Qué ocurre cuando una obra pública se ha licitado una, dos o tres veces, todas sin éxito, y es preciso ejecutarla sin más demora? Esto antes era casi anecdótico, pero en medio de la ola inflacionaria que se gestó en abril de 2021 se ha convertido en algo habitual, o cuando menos frecuente. Y lo que está haciendo la Administración para salir del paso es encargarle los trabajos a alguna de sus empresas dependientes, con lo que unos fondos que deberían animar el sector privado –la inversión pública es una de las grandes herramientas para estimular la economía y por ende el empleo– acaban por quedarse dentro de la propia Administración. Esto, además, le permite al gobierno de turno maquillar los niveles de ejecución presupuestaria, así que si todo esto se mete en la coctelera, no resulta extraño que el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, ande con la mosca en la oreja: «Que las obras queden desiertas incita, si no es uno de los motivos por los que no se hace la revisión de precios, a proceder a hacer encomiendas a empresas públicas antes de final de año
para justificar presupuestos».