FEPECO PIDE UNA NUEVA LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CANARIAS PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEA ÚTIL
Es urgente agilizar trámites burocráticos para dar mayor seguridad jurídica al tejido empresarial y a los ciudadanos
Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO, solicita la aprobación de una nueva Ley de la Función Pública en nuestra Comunidad Autónoma, porque la vigente es del año 1987 lo que ya demuestra en sí mismo su obsolescencia, para que se incorpore de manera efectiva, medible, cuantificable y exigente la productividad de los funcionarios. Representaría un paso imprescindible para modernizar la Administración dando respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía y de los empresarios.
Durante décadas, el trabajo del empleado en el sector público ha estado ligado casi exclusivamente a la antigüedad y a criterios formales, dejando al margen la calidad del trabajo realizado, los resultados obtenidos y el impacto efectivo en el servicio público. Esta situación ha generado estructuras rígidas, con notables desigualdades internas y escasos incentivos para mejorar procesos, innovar o asumir responsabilidades adicionales, que precisamente exigen los tiempos modernos de la digitalización.
La nueva normativa debe situar la productividad como un eje central, no como un complemento marginal. Para ello, es fundamental establecer sistemas de evaluación periódica, objetivos verificables y medidas vinculadas al rendimiento individual y a los resultados colectivos de cada unidad o servicio administrativo. No se trata de importar modelos empresariales o de la iniciativa privada sin reflexión, sino de diseñar un marco adaptado a la naturaleza del sector público, que premie el buen hacer y reconozca a quienes aportan valor real. Además, una ley moderna debe garantizar la transparencia en la gestión ordinaria, con indicadores auditables que eviten arbitrariedades y favorezcan la confianza.
Incorporar la productividad no solo mejoraría la eficiencia administrativa, sino que también dignificaría la labor del funcionario comprometido, que hoy, en muchas ocasiones, ve su esfuerzo diluido en estructuras que no diferencian entre quienes cumplen con excelencia y quienes aportan lo mínimo. Una Administración más justa, ágil y orientada a resultados tangibles es posible, pero requiere valentía política para implementarla y consenso posible, dejando de lado la demagogia y el corporativismo por parte de las organizaciones sindicales, para diseñarla con sentido de responsabilidad y aplicarla con rigor.
