ALQUILERES EN LIBERTAD

ALQUILERES EN LIBERTAD

Vivimos una época donde la necesidad de tener todo controlado se torna en una obsesión autoritaria del globalismo. La realidad es líquida como afirmaba el sociólogo polaco Bauman, sin embargo, hay ideas  que se vuelven cada vez más sólidas. California, el Estado considerado  más progresista de EE.UU. rechazó el pasado noviembre la oportunidad de extender el control de alquileres. La Proposición 33, pidió a los votantes que optaran sobre el alcance de las leyes sobre el particular. En caso de que se hubiera aprobado, podría haber permitido que los municipios expandieran dicho registro a todas las propiedades, en este régimen, construidas después de 1995, afectando a millones de edificaciones. Los ciudadanos californianos rechazaron la iniciativa, mediante su voto directo, con un 60% del total del censo. Resultando que es la tercera vez que sufre una derrota esta propuesta de control de alquileres.

Estados Unidos se ha caracterizado siempre por la defensa de la propiedad privada y el derecho al libre mercado, al contrario del intervencionismo que hoy se sufre en la Unión Europea  y que tan malos resultados está produciendo alrededor de la vivienda. España está empeñada en convertirse en adalid de esta estrangulación de un apreciado mercado dinámico, con la falacia de proteger a los más desfavorecidos, cuando hay constancia empírica de todo lo contrario.

Los políticos del pensamiento único hacen todo lo posible para que el odio y la envidia prendan dentro de nuestras fronteras, en contra del emprendimiento y la creación de riqueza por parte de la iniciativa privada. La mayoría de las propuestas de control de alquileres se dirigen al mercado de propietarios, particulares o corporativos, que ponen libremente su propiedad en régimen de alquiler para facilitar la habitabilidad de terceros. Si quieren que una porción significativa  de la población tenga una vivienda digna para vivir a precios de alquiler razonables, individualizados a su nivel de renta y controlados en su crecimiento inflacionario, la Administración Pública lo tiene muy fácil, promoviendo la construcción  masiva de unidades habitacionales a cargo del presupuesto público, cosa que no saben hacer, pero si de lo que se trata es de suplir la falta de políticas públicas de vivienda a costa de la propiedad legítima de particulares, es conveniente tener en cuenta  realidades fallidas ya comprobadas en otros países de nuestro Continente.

Cuando los controles de alquileres reales de viviendas que implementan los políticos son vinculantes, manteniendo los mismos por debajo del precio del mercado, conduce a una reducción en la oferta del alojamiento alquilable, más un deterioro en la calidad del mismo y creando otras disfunciones económicas. El gobierno político de los alquileres impide la necesaria movilidad entre los inquilinos, porque donde los hay bajos, de forma adulterada, se tiende a no abandonar la vivienda, incluso cuando ya no responde a sus necesidades particulares o familiares. El autoritarismo público sobre el alquiler incentiva a los propietarios a convertir sus viviendas  en otras formas de tenencia no controladas, reduciendo, indudablemente, la cantidad de arrendamientos regulados disponibles en el mercado.

En la medida que la asignación de una vivienda no dependa del precio de alquiler, que está ficticiamente regulado políticamente, es necesario algún otro mecanismo, que puede implicar una búsqueda más selectiva por parte de los propietarios, como fianzas más altas o la disposición a conformarse a vivir en una propiedad de menor calidad constructiva. Lo que de manera clara perjudica mucho más a los inquilinos de renta más baja.

Más construcción, mayor inversión pública, menos burocracia e incentivos para la inversión son la solución. En definitiva, mucha libertad y puesta operativa de sentido común.

Oscar Izquierdo